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Ley de Abastecimiento: un Estado activo que garantice los intereses populares

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El Congreso Nacional culminó el proceso de sanción de un conjunto de leyes destinadas a proteger a los consumidores: reforma a la ley de Abastecimiento, creación de un fuero específico para los consumidores y de un Observatorio de Precios.

Los sectores concentrados de la economía y su representación parlamentaria resistieron el avance de las flamantes normas. Hemos oído decir a múltiples actores políticos y representantes del gran capital que la legislación no es necesaria, que ahuyenta inversores, que esos no son los problemas de “la gente”. Incluso se ha oído el descabellado argumento de la inconstitucionalidad y de la necesidad del diálogo con los dueños del poder económico.

Sin embargo, quienes convivimos con un cada vez más complejo y concentrado poder económico sabemos del daño que esta mirada neoliberal de “dejar actuar” al mercado provoca a los sectores populares. La intervención empresaria en la cadena de valor altera los precios, distribuye la renta a favor de los sectores concentrados y distorsiona el funcionamiento de los actores económicos, perjudicando no sólo a los consumidores sino también a la pequeña y mediana explotación.

La herramienta del poder estatal a favor del pueblo no puede ser tachada de inconstitucional porque ¿quién puede ponerles límites a la manipulación de la oferta o de los precios sino un Estado democrático? ¿En qué democracia que se precie de defender a los más débiles se podrá anteponer el mercado al Estado? Las calificaciones de inconstitucionalidad en el Congreso no han perseguido otro fin que el de otorgar un plafón jurídico a las demandas que, seguramente, estos grupos oligopólicos desplegarán sobre el Poder Judicial en busca de defender sus privilegios de mercado.

Un gobierno que se ha caracterizado por promover el consumo interno, por atender las demandas de acceso al consumo masivo, por fomentar la pequeña y mediana empresa, se ha encontrado en los últimos años con la mirada rapaz de grandes empresarios –en general trasnacionales- cuya manipulación de los precios y de la actividad económica les ha permitido embolsar superutilidades. Las herramientas que se han debatido y aprobado por el Congreso Nacional surgen de la experiencia actual y proyectan un Estado popular, con capacidad de actuar ante el poder económico y que fundamentalmente proteja a consumidores y usuarios, es decir al pueblo argentino.

Daniel San Cristóbal
Presidente

Herman Avoscan
Secretario General

Gabriel Reyes
Sec. de Org. y Territorio

Adriana Puiggrós
Pta. de la Asamblea Legislativa
PROYECTOS PRESENTADOS
LEY PARA LA PERMANENCIA Y [...]
EQUIPARACIÓN DE DERECHOS [...]
BENEFICIOS PARA DOCENTES [...]
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