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Soberanía educativa



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Por Adriana Puiggrós (Diputada Nacional)

Uno de los mayores aportes del kirchnerismo ha sido desarrollar los instrumentos para defender la soberanía educativa de nuestro país y de la región, enfrentando peligrosos embates transnacionales contra la educación pública. El neoliberalismo convenció a sociedades enteras que “Estado” y “Soberanía” son palabras fuera de moda a causa del natural e imbatible proceso de globalización.
La educación sufrió por esa razón. La recorrió como una aplanadora un discurso mediocre, centrado en la contabilidad de la inversión educativa, emitido por intereses privados que descubrieron el inmenso caudal comercial de la educación. La definieron como un mercado infinito, con clientes asegurados por los siglos de los siglos y, por esa razón, sus socios más lúcidos apoyan las medidas de extensión de la obligación de educarse.
Asimismo, construyeron una industria de dispositivos competitivos con la escuela, usando la tecnología para su beneficio, aunque también avanzan dentro de las instituciones educativas. Su instrumento predilecto son los programas de evaluación internacional con los cuales establecen arbitrariamente ranking de países y sociedades, usando como documento la imagen instantánea tomada por proyectos como el PISA( Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, aplicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el llamado “club de los países ricos”). Ese programa intenta fijar el lugar de los países del cono sur latinoamericano entre los más “ignorantes” del mundo, así como convencer que nuestra educación pública es irrecuperable y un terreno liberado para los negocios. Es el complemento lógico de acciones destinadas a reducir al mínimo la educación estatal y a descalificar el carácter nacional de las políticas educativas, sustituyéndolas por grandes metas globales cuyo alcance es desigual entre países ricos y pobres. Ya no se trata solamente de fundaciones empresariales que invierten en limitados proyectos educativos que les permiten disimular la evasión impositiva y mejorar su imagen social.
En la actualidad grandes corporaciones y empresas de educación, apropiándose de las innovaciones tecnológicas, sustituyen funciones del sistema educativo público, y también del privado tradicional. El neoliberalismo destruye sistemas. Importantes bancos y empresas del rubro informático avanzan aceleradamente estableciendo convenios con establecimientos que les derivan la administración de sus finanzas, la gestión de sus campus informáticos o la formación de sus docentes, entre otros rubros. Los territorios nacionales son desconocidos y el control de la enseñanza de millones de alumnos y docentes va pasando a manos de las corporaciones. La “internacionalización” de la educación avanza a costa de la soberanía en el mundo entero.
Los gobiernos populares latinoamericanos están realizando ingentes esfuerzos para retener el control estatal y poner al día la enseñanza y el aprendizaje de sus sociedades. En la Argentina, el Estado asumió un papel relevante para fortalecer el sistema de educación pública: la reforma legal, el funcionamiento de las paritarias docentes, la construcción de escuelas, la inversión en educación científica y técnica, la fundación de nuevas universidades nacionales, la extensión de la obligación escolar a catorce años, el esfuerzo por lograr el cumplimiento de la obligación de la educación secundaria, la conectividad escolar, son bases indispensables para la soberanía educativa.
Ahora es necesario afianzar y profundizar esa línea política, mientras se juega una carrera con las corporaciones que avanzan sobre nuestra educación. En ese sentido:
1) debemos cuidar que la seudo- pedagogía neoliberal no dañe el carácter sistémico de la educación pública pues con interpretaciones ad hoc de la “autonomía” inciden en el aislamiento de instituciones de todos los niveles. Muchas de universidades públicas latinoamericanas, desde una particular interpretación de las atribuciones que les otorga la Constitución, establecen convenios de tercerización de funciones con corporaciones, abriendo el paso a cualquier concepción pedagógica, cultural o política. El entrelazamiento financiero entre lo estatal y lo privado, a partir de la consideración de que en ambos casos se trata de educación pública, es uno de los obstáculos que enfrenta la presidenta Bachelet para cumplir con su promesa de restablecer la gratuidad.
2) Debemos evitar que se consoliden circuitos de escolarización de diferente status social llevando a fondo las reformas en el tronco central del sistema e incorporando las innovaciones que producen los programas socio- educativos.
3) Debemos dar un salto cualitativo en los acuerdos de UNASUR y el Mercosur, para alcanzar un espacio libre de fracaso y abandono educativos.
4) Debemos consolidar regionalmente estrategias de pertinentes a nuestros proyectos político-culturales; urge acordar programas de evaluación que den cuenta de los procesos de cambio, evitando la fotografía publicitaria del momento del supuesto fracaso.
Hemos avanzado en el camino de la reconstrucción educacional. Es hora de profundizarlo, sentando definitivamente las bases de nuestra soberanía educativa.
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